Tanto la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa) como la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) expresaron públicamente preocupación frente a los hechos de violencia que acumula el conflicto laboral desatado en la pesquera El Marisco.
Los trabajadores de la planta, ligados al Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (Soip), vienen reclamando por la falta de continuidad laboral. Según pudo saber Pescare.com.ar, la protesta escaló en los últimos días; terminó con el establecimiento tomado y con manifestaciones frente al domicilio particular de Antonio Di Leva, titular de la empresa.
El presidente de Armadores, Diego García Luchetti, señaló al respecto: “Sin entrar en el fondo del conflicto, hechos como los sufridos en El Marisco nos hacen reflexionar sobre el tenor y el alcance de las protestas laborales-sindicales”.
En ese sentido, concluyó: “Evidentemente, los métodos de quema de gomas, cortes de calles, y destrucción de la propiedad privada no pueden seguir sucediendo sin que, además, las autoridades políticas y judiciales tomen nota y actúen conforme a la ley”.
Evidentemente, los métodos de protesta que incluyen quema de gomas, cortes de calles y destrucción de la propiedad privada no pueden seguir sucediendo sin que, además, las autoridades políticas y judiciales tomen nota y actúen conforme a la ley.
— Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (@armadores_mdp) 25 de abril de 2018
Desde este sector empresarial entienden que el ataque a unidades productivas, que según definen en este caso incluyó intimidaciones al personal que allí trabaja, no deben tolerarse; menos aún, los mensajes amenazantes en el domicilio particular de Di Leva .
“Este tipo de hechos sabemos cómo comienzan, pero nunca cómo terminan. La Cámara de Amadores repudia esta forma de protesta, llamando al diálogo civilizado entre las partes y por los canales apropiados”, cierra uno de los mensajes expuestos en Twitter.
Postura de Caipa
Por su parte, el presidente de Caipa, Fernando Rivera, ya se había manifestado en un tono similar, aunque sin mencionar nombres propios: “La Cámara considera que los trabajadores tienen sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional, y pueden adoptar en sus lugares de trabajo todas las medias que la legislación laboral los autoriza, pero ninguna disposición avala que se puedan realizar hechos como los que se denuncian y que afectan a terceras personas que ninguna vinculación tienen con quienes promueven esos desmanes”, expuso.
Por último, el texto de Caipa lamenta que este tipo de situaciones se hayan vuelto frecuentes y, al mismo tiempo, piden a las autoridades que adopten las medidas necesarias para evitarlas, incluso individualizando y sancionando a quienes las llevan adelante.
“Invitamos a quienes se consideren afectados en sus derechos laborales a que recurran ante las instituciones que el Estado ha creado para entender en ese tipo de conflictos”, apuntaron.
